Hay una frase de Voltaire que subrayo y con la que me identifico hasta la saciedad. Dice así: "Detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo". ¡Claro está que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre cualquier asunto! ¡Faltaría más! No obstante hay temas, materias en las que puede resultar, no sólo inútil el opinar sino perjudicial para los objetivos que por excelencia se buscan en ellas. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, confrontar su opinión con el médico que le da un diagnóstico o con el primero que encuentra en la calle? Es obvio que lo acatamos sin rechistar porque nuestros conocimientos médicos son tales que cualquier cosa que dijéramos nos dejaría en el mayor de los ridículos. Pero esto que sucede en muchos dominios brilla por su ausencia en temas educativos. A golpe de pasionales intuiciones, hacemos oídos sordos a un magisterio que por estudios, vocación y experiencia sabe, diagnostica y aconseja.

Un ejemplo claro de ello lo tenemos todos los días con la nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía. El desconocimiento de la nueva ley que yo diría, es absoluto como lo es el "poder" que, tras las cuatro paredes de un aula puede tener un maestro. De ahí que las mejores leyes del mundo no impedirían la transmisión de cualquier valor profesado por un profesional. No tiene, pues, sentido, el pánico expresado por algunos padres ante la nueva ley, padres que se expresan en tertulias, en foros, etcétera, a la defensiva, con disparatadas opiniones. Alguien ha dicho: "Es fácil cambiar la ley, lo complicado es transformar la realidad". Y ahí, aparte leyes, tenemos que conjurarnos todos, porque si personalmente, no obramos con tolerancia, ¿cómo hacerla entender a nuestros hijos, alumnos? ¿Si no practicamos, por ejemplo, la religión católica, cómo exigir que se imparta en las escuelas? Mucha sensatez nos falta a todos, y nos sobran, sí, opiniones.